La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó al Gobierno peruano eliminar la tasa preferencial de 15 % del Impuesto a la Renta que beneficia a empresas del sector agroexportador y aplicar progresivamente el régimen general de 29,5 %. El organismo considera que esta modificación permitiría elevar la recaudación fiscal y reducir las diferencias tributarias entre distintas actividades económicas.
La recomendación forma parte de una evaluación sobre los gastos tributarios en el Perú, presentada al Ministerio de Economía y Finanzas, en momentos en que el país continúa su proceso de adhesión a la OCDE.
El organismo internacional reconoce que la agroexportación peruana ha registrado una fuerte expansión durante la última década, tanto en generación de valor como en exportaciones. Sin embargo, advierte que este crecimiento se ha producido mientras las empresas del sector mantienen un tratamiento tributario más favorable que el aplicado a otras actividades.
Actualmente, determinadas empresas agroexportadoras pueden acceder a una tasa de 15 % del Impuesto a la Renta, mientras que el régimen general empresarial establece una tasa de 29,5 %.
Para la OCDE, eliminar este beneficio permitiría obtener recursos adicionales para el Estado y avanzar hacia un sistema tributario con mayores condiciones de equidad entre sectores.
El organismo también sostiene que, pese al dinamismo alcanzado por la agroexportación, su contribución relativa a los ingresos tributarios continúa siendo limitada, especialmente considerando el crecimiento registrado por las grandes empresas del rubro.
La normativa vigente extendió este tratamiento tributario preferencial hasta 2035, una decisión que ha generado debate entre quienes consideran que los incentivos son necesarios para preservar inversiones y empleo, y quienes cuestionan su elevado costo fiscal.
Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, los beneficios tributarios vinculados al sector representarían una menor recaudación de aproximadamente S/1.888 millones cada año.
De mantenerse durante la próxima década, el impacto acumulado podría acercarse a los S/20.000 millones hacia 2035, recursos que dejarían de ingresar a las arcas públicas.
La OCDE considera que una mayor tributación del sector agroexportador también ayudaría al Perú a diversificar sus fuentes fiscales y reducir parcialmente su dependencia de los ingresos provenientes de actividades sujetas a los ciclos internacionales de las materias primas.
Esto adquiere especial relevancia debido a que una parte importante de la recaudación nacional está relacionada con sectores como la minería, cuyos ingresos pueden variar considerablemente según los precios internacionales de minerales como el cobre y el oro.
El informe también recomienda evitar que los beneficios tributarios otorgados a la actividad agrícola se amplíen hacia otras industrias manufactureras relacionadas con el sector.
Según la OCDE, determinadas actividades de transformación agroindustrial no enfrentan necesariamente las mismas limitaciones estructurales que la producción agrícola primaria y, además, funcionan dentro de cadenas comerciales ya consolidadas.
Extender los incentivos hacia esas empresas podría, según el organismo, disminuir todavía más la capacidad recaudatoria del Estado y profundizar las diferencias tributarias frente a otros sectores productivos.
Otro de los mecanismos cuestionados por la OCDE es el drawback, sistema mediante el cual los exportadores reciben devoluciones vinculadas con los aranceles correspondientes a determinados insumos importados empleados en la fabricación de productos destinados al exterior.
El organismo observa que el modelo peruano aplica una tasa sobre el valor exportado, lo que puede ocasionar que algunas compañías reciban montos superiores a los derechos arancelarios que efectivamente pagaron.
Como referencia, la evaluación señala que en 2013 el beneficiario promedio habría recibido devoluciones equivalentes a más de tres veces los aranceles pagados.
Asimismo, aproximadamente el 25 % de los beneficiarios habría obtenido devoluciones superiores a 13 veces los derechos efectivamente abonados, mientras que el 10 % recibió más de 61 veces ese monto.
Para la OCDE, estas diferencias evidencian que el esquema actual puede superar la finalidad original del drawback, concebido principalmente para evitar que los aranceles sobre insumos importados encarezcan las exportaciones.
Por ello, plantea reducir inicialmente la tasa de devolución mediante un decreto supremo y posteriormente avanzar hacia una reforma legal que permita vincular el beneficio con los aranceles efectivamente pagados.
El debate tributario adquiere además relevancia dentro del proceso de incorporación del Perú a la OCDE, iniciado formalmente en 2022.
Actualmente, la organización está integrada por 38 países, entre ellos Chile, Colombia, Costa Rica y México en América Latina. Para convertirse en miembro, el Perú debe superar una serie de evaluaciones técnicas sobre sus políticas públicas, leyes, regulación y funcionamiento institucional.
Las recomendaciones tributarias no son automáticamente obligatorias, pero forman parte de las reformas que el país deberá evaluar durante su proceso de aproximación a los estándares internacionales de la organización.
El Gobierno deberá ahora analizar el impacto económico y fiscal de estas propuestas, considerando tanto la necesidad de mejorar la recaudación como los posibles efectos sobre la inversión, el empleo y la competitividad de un sector que se ha convertido en uno de los principales motores de las exportaciones peruanas.
