La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú anunció una huelga nacional de 72 horas, que se iniciará a las 00:00 horas del 19 de enero, en protesta por la situación que atraviesa Petroperú. El gremio exige la renuncia de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, a quien responsabiliza por la crisis interna de la empresa estatal y por decisiones que, según denuncian, ponen en riesgo su estabilidad.
El secretario general del sindicato, Rafael Noblecilla, sostuvo que la medida busca llamar la atención del Ejecutivo ante la falta de respaldo financiero del Estado y la ausencia de un diálogo directo con las autoridades del sector. En declaraciones a RPP, afirmó que Petroperú enfrenta un escenario complejo que no puede resolverse sin garantías estatales que aseguren su liquidez y continuidad operativa.
El dirigente también informó sobre la renuncia irrevocable de la gerente general, Rita Lorena López Saavedra, la cual habría sido motivada por un presunto comportamiento inadecuado del funcionario López Tejerina hacia la propia gerente y la presidenta de la empresa, Elva Rojas. Este hecho, según el sindicato, evidencia la crisis de gobernanza que atraviesa la petrolera estatal.
Aunque el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo declaró la huelga como improcedente, Noblecilla aclaró que el gremio aún se encuentra dentro del plazo legal para subsanar observaciones y cumplir los requisitos formales que permitan validar la medida de fuerza.
Uno de los principales cuestionamientos del sindicato es la presunta “privatización encubierta” de Petroperú, que según denuncian se reflejaría en decretos de urgencia orientados a la reducción de personal. Si bien la titular del MEF ha negado despidos masivos de 1,800 trabajadores, el gremio advierte que las políticas de retiro voluntario incentivado podrían tener el mismo efecto. A ello se suma la crítica por la incomparecencia de los ministros de Economía y de Energía y Minas ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, donde debían explicar estas medidas.
Respecto a la situación financiera, el sindicato restó responsabilidad a la gestión interna y señaló que la reciente baja en la calificación crediticia de Fitch responde principalmente a un problema de liquidez, agravado por la falta de apoyo estatal. Finalmente, los trabajadores indicaron que no se oponen a una evaluación estructural de Petroperú incluida la reducción del número de gerencias, pero consideran que estos cambios deben ser definidos por el próximo gobierno, y no por una administración transitoria a pocos meses de culminar su mandato.
