La Defensoría del Pueblo alertó sobre una grave crisis de salud mental en el Perú, marcada por el crecimiento sostenido de los casos de depresión y una preocupante reducción del presupuesto público destinado a su atención, incluso cuando la demanda de servicios se ha triplicado desde la pandemia.
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la institución advirtió que el financiamiento para salud mental seguirá disminuyendo. Para el año 2026, el presupuesto asignado representará apenas el 1.9 % del total del sector Salud, una caída frente al 2.27 % proyectado para 2025 y muy por debajo del mínimo del 5 % recomendado a nivel internacional. Ante este escenario, se exhortó al Ministerio de Salud (Minsa) y a EsSalud a fortalecer el Programa Presupuestal 131, enfocado en la prevención y control de los trastornos mentales.
Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. Hasta el 30 de noviembre de 2025, se registraron 12 718 casos de depresión en todo el país, un aumento significativo frente a los 3 746 casos reportados en 2021, durante la pandemia. Lima lidera la estadística con 4 572 casos, seguida por Cusco, Junín, La Libertad y Huánuco. En la capital, los distritos con mayor incidencia son Comas, San Martín de Porres, Los Olivos, Carabayllo, Puente Piedra y Villa El Salvador.
El impacto es especialmente fuerte en las mujeres, quienes representan el 77.22 % de los casos, siendo los grupos más afectados los jóvenes de 18 a 29 años y los adultos de 30 a 59 años. Pese a esta realidad, la reducción presupuestal limita la capacidad de respuesta del Estado y pone en riesgo la atención oportuna y continua de miles de personas.
Finalmente, la Defensoría subrayó la necesidad de acciones urgentes y coordinadas entre el Gobierno central y los gobiernos regionales y locales, priorizando políticas públicas con enfoque de género, territorial y de curso de vida. La salud mental, advirtió, no puede seguir siendo postergada si se busca garantizar el bienestar y desarrollo integral de la población.
