- Jesús Antonio Rivera Oré presentó su libro: “Valores Deontológicos y Éticos Versus Corrupción e Impunidad”.
En los últimos dos años la corrupción se ha posicionado como el primer problema a resolver en el país. Las delaciones de pago de sobornos por las contratistas brasileñas como el tráfico de influencias y el negocio de procesos y resoluciones dentro del Poder Judicial han afectado el clima de gobernabilidad, debido a la creciente desafección ciudadana con la clase gobernante y la clase política.
Ante tal contingencia que impide avanzar en la construcción del ideal del desarrollo y el bienestar, son visibles dos agendas de trabajo: una en el campo de la Justicia que busca identificar y sancionar a los corruptos, asegurando el resarcimiento de los daños; y otra en la del Congreso, inmerso en la actualización de las leyes y normas para permitir una mejor labor de control y de prevención en el futuro.
Así lo señala el Dr. Jesús Antonio Rivera Oré, Fundador y Pax Decano del Colegio de Abogados de Lima Sur. Presidente del Capítulo Peruano de la FIA-Washington-DC, quien presentó su libro: «Valores deontológicos y éticos versus corrupción e impunidad», dentro del marco 50 Aniversario de la Cámara Peruana del Libro “Ricardo Palma”.
La obra señala que la corrupción, en el Estado, es una práctica muy antigua en la historia de la humanidad, siempre se ha visto facilitada por el juego cómplice de varios factores determinantes, ocurre, principalmente, en las frágiles democracias, vale decir, allí donde la legislación adolece de grandes fallas de diseño, de implementación y de gestión pero, sobre todo, donde el ejercicio profesional de los funcionarios y el ejercicio del poder público de las autoridades, no se rigen por cánones morales en el estricto cumplimiento de sus funciones y obligaciones, frente a los ciudadanos, sino por criterios oscuros que marginan los deberes que proclaman honrar y cautelar o juran defender.
“Para el caso, es válido asumir que, la conjunción de intereses privados, para afectar el bien o el asunto público, en provecho de determinados empresarios, coludidos con malos servidores y malas autoridades, solo puede darse entre personas que no actúan correctamente o que sus actos no se rigen respetando las obligaciones y deberes de una función, de un cargo público o de una profesión”.
“Los casos de corrupción, que involucran a jueces y fiscales en el tráfico de influencias dentro del Sistema de Administración de Justicia, lindan con una cultura de profesionalidad a que se refiere la ética, la axiología y la deontología. La diferencia entre los términos es muy sutil, aun cuando todos ellos se circunscriben al campo de la moral, obedecen a su sentido práctico antes que al conceptual o doctrinario”.
Estado y crisis de institucionalidad
Rivera Oré, indica que no se puede exigir resultados de cambio de actitud, en las acciones humanas o mejora del desempeño de los servidores públicos y los profesionales, solo con la presencia de las legislaciones y las codificaciones éticas y/o profesionales, si es que no se crean las condiciones mínimas necesarias para una mejor interacción y eso pasa por hacer la reforma integral del Estado y sus instituciones.
Corrupción y política anticorrupción
La OCDE, en el año 2017, hizo entrega al gobierno del Estudio sobre la Integridad en el Perú, en el marco del acuerdo de cooperación Programa País en el que puso sobre el tapete la urgencia de mejorar el sistema de integridad pública para superar el problema de las debilidades históricas y estructurales del sistema de gobernabilidad en razón que su persistencia obstaculizaba la sostenibilidad del progreso socio económico. Entre las recomendaciones de la OCDE, están:
- El sobredimensionamiento de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción o CAN,
- La creación del marco jurídico y político único para impulsar la ética pública y promover la cultura de integridad,
- Posibilitar la rendición de cuentas, mediante acciones de mejoramiento de los sistemas de control interno, financiamiento de la política, regulación del lobby, mejora de los regímenes disciplinarios en las entidades públicas y mejora de la justicia penal.
Asimismo, ha revelado la poca actividad de los miembros de la Comisión Anticorrupción, el incipiente trabajo de las Comisiones Regionales y las Secretarías Técnicas están debilitadas, según consta en el texto del Boletín sobre la Supervisión de Espacios Anticorrupción (dic. 2018 –Año I –N° 2).
Esta situación demuestra que se quiere impunidad no solo para delitos flagrantes, sino también para los autores de los delitos materiales e intelectuales, valorando el sentido ambiguo del D. Urgencia N° 003-2017 y la Ley N° 30737.
Transparency International
“La imagen que ofrece el Perú al mundo, en materia de corrupción, no es buena. El informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 que publicó la organización Transparency International, en enero de 2022, ubicó al PERÚ en el puesto 105° del ranking como menos transparente al alcanzar una calificación de 36 puntos entre un total de 180 países evaluados.
Ese dato corrobora la percepción ciudadana que la corrupción sigue tendencias al alza, según el Informe Latinobarómetro 2020”.
Para revertir esa situación la organización que vela por la Transparencia en el mundo, demanda más acción en las Américas para luchar contra la corrupción y defender la democracia. Al efecto, tiene las recomendaciones siguientes:
• Avanzar en la legislación anticorrupción y la democracia, en particular, las instituciones que crean controles y equilibrios al poder estatal.
• Mantener una estrecha vigilancia sobre el discurso político que utiliza falsamente la lucha contra la corrupción para socavar la democracia e impulsar al poder individuos autoritarios o populistas.
• Garantizar que la libertad de expresión y los derechos políticos no sigan disminuyendo y
• Denunciar los intentos de controlar los medios de comunicación o los grupos de la sociedad civil.